Documento Mapuche, Importante

Ginebra, 13 de julio de 2011

El CAI, organización de base del pueblo mapuche conformada a mediados de la década del ’80, busca advertir a los organismos de aplicación de las normas de protección de los derechos de los pueblos originarios y a la opinión pública iinternacional sobre en nuevo escenario político e institucional que se cierne en el sur del continente americano en perjuicio de las libertades públicas

Indice del documento:

• Pueblos originarios en Argentina. Mirada general.
• Pueblo mapuche. Mirada general.
• Violencia represiva y prácticas terroristas del estado de Río Negro contra el pueblo mapuche.
• Violencia represiva sistemática y prácticas terroristas del estado de Río Negro contra la población civil en San Carlos de Bariloche.
• Violencia represiva del estado de RN contra sectores de los pueblos y su articulación con el despojo estratégico del territorio.

Pueblos originarios en Argentina. Una mirada general.

Aunque excede las intenciones de esta presentación, consideramos elemental dejar planteado que los pueblos originarios (PO) que vivimos en la juridicción de lo que hoy es reconocido como Estado Nacional Argentino lo hacemos ante la negación sistemática de nuestros derechos y nuestra existencia misma por parte de todas y cada una de las instituciones, instancias y poderes que conforman este estado republicano.
Hay un abismo entre los importantes y trascendentes avances del marco jurídico internacional de reconocimiento a los derechos de los PO, al que Argentina adhiere, y su falta de aplicación concreta en el plano interno. El modelo de estado-nación argentino que se sostiene en esta etapa histórica -que exhalta la argentinidad y patriotismo, entre otros ejes-, desalientan y anulan una auténtica aceptación del conjunto de la sociedad criolla de nuestra existencia como pueblos preexistentes.
Otro de los ejes del gobierno del estado central que generan profunda confusión, tanto a nivel de la opinión pública internacional como en vastos sectores sociales internos –incluso al interior de los propios PO-es la política de derechos humanos desplegada después de la crisis de gobernabilidad de diciembre de 2001 (el año de los cinco presidentes).
La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fruto de la demanda y movilización popular, y la consecuente apertura de los Juicios por la Verdad, cristalizaron una concepción restringida de los alcances de los derechos civiles y libertades públicas. A la vez, en el pensamiento dominante operó como un cerrojo a entender, discutir y aceptar nuestros derechos propios y específicos como PO, pretendiéndose subsumirse nuestro derecho a la vida plena y libre a un “problema” de DD.HH.
En pocas palabras, de norte a sur, de este a oeste en Argentina, el Estado y el capital privado interviene en los territorios ancestrales sin cumplir jamás en ningún caso del que tengamos conocimiento con el deber jurídico internacional de celebrar las consultas previas, libres y debidamente informadas, tal como establece el Convenio 169 de la OIT e insta la relatoría especial para los derechos y libertades fundamentales de los PO a su cargo.
Nuestra lucha cotidiana es por la vida –en peligro tanto por el hambre extremo como por la represión directa de las fuerzas de seguridad pública o grupos parapoliciales- y por la permanencia en los pocos espacios territoriales propios, los que conservamos después de las guerras de exterminio y creación del estado y los que estamos recuperando en nuestro proceso de recomposición interna como pueblos, especialmente en los últimos 25 años.
En ese marco, estamos lejísimos de discutir en Argentina un sincero y verdadero reconocimiento a nuestro derecho a la libre autodeterminación como pueblo luego de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2006, que Argentina aprobó e hizo propia.
A 17 años de aprobada la reforma a la Constitución Nacional, que incluyó el artículo 75 de reconocimiento de los pueblos preexistente, la inmensa mayoría de los funcionarios públicos de los tres poderes del estado nos niega y desconoce en nuestros derechos propios y específicos, en una situación tan cotidiana como degradante, cuya descripción y análisis excede la intención central de esta presentación.

Pueblo mapuche. Mirada general.

Como PO del sur del continente somos prisioneros de dos estados nacionales, el de Argentina y de Chile, los que se constituyeron sobre nuestros territorios y millares de vidas con las guerras militares de sometimiento y asimilación forzada y forzosa durante el siglo XIX.
En el proceso actual de reconstitución de nuestra existencia como pueblo en la parte del Este del territorio ancestral, la que identificamos como puelmapu, existen comunidades y expresiones organizadas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Río Negro.
La situación en cada zona está ligada a un doble proceso: al propio como mapuche con su experiencia, desarrollo organizativo y político y pensamiento, así como a los proyectos de Estado, ideología dominante y legislación de cada provincia.

Desde nuestra experiencia desde lo que hoy es la provincia de Río Negro vemos que, en general, hay tres respuestas centrales desde el estado nacional y los provinciales a nuestras demandas en todo puelmapu:

• la negación especialmente a nuestro derecho al territorio en defensa irrestricta de la propiedad privada;
• nuevas formas de asimilación, inserción o cooptación dentro de los distintos estamentos del estado; y,
• nuevas formas de ejercer la coacción física, directa y/o mediada por el estado que incluyen prácticas de terrorismo de estado que están siendo legitimadas como compatibles con el estado de derecho y la vigencia de los DD.HH.

A la vez, emerge y se legitima pública y políticamente un pensamiento hegemónico autoritario, racista y antidemocrático que claramente pretende situarnos como “enemigo interno” , en consonancia con las ideologías y construcciones de poder en América Latina que pretenden darse como históricamente superadas.
En 1998, bajo la presidencia de Carlos Menem (Partido Justicialista), el máximo responsable político de la Sociedad Rural Argentina de entonces Enrique Crotto llamó a “prevenir” la experiencia de tomas de campos improductivos del movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil y a “tener mano dura” con estas prácticas en todo el Mercosur .
Esa línea estratégica que pretende instalarnos como “enemigo interno” fue resucitada por voceros del poder económico regional sin que ningún poder del Estado los interpelara por apología del delito y violatoria de los estándares democráticos mínimos alcanzados en Argentina desde 1983. Por el contrario, el poder regional aceptó y legitimó esa avanzada del lobbyng de la propiedad privada que se manifestó en Chubut, Neuquén y Río Negro en réplica a los avances territoriales del pueblo mapuche:

• En 2002 se realiza en Leleque, Chubut, el desalojo de Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco de una fracción recuperada a la terrateniente empresa Benetton de capitales italianos. La Sociedad Rural de Esquel, en una solicitada, advirtió que si se volvía a violar la propiedad privada volvería la violencia al país . Al año siguiente, en mayo, un día antes que un Juez Correccional de Esquel diera su fallo respecto a la acción civil (el matrimonio mapuche había sido absuelto en la causa penal) la Federación de Sociedades Rurales del Chubut publicó una solicitada en los periódicos del noroeste de Chubut en la que llama a “evitar las tentaciones de encontrar inadmisibles atajos por vías del quebrantamiento del estado de derecho”, a la vez que advirtió que es “la seguridad jurídica el fundamento que propicia las inversiones”. En esa misma tendencia después la Sociedad Rural Tehuelche lanzó un “Llamado a resistir las usurpaciones de tierras en el campo legal” .
• A fines de 2008 Pedro Laurentino Duarte, ex juez federal durante la última dictadura militar y apropiador de una fracción del territorio en la cordillera neuquina, anunció públicamente la utilización de un grupo armado privado y meses después lo usó contra una comunidad ;
• En enero de 2009, durante la 67 Exposición Rural y Feria Ganadera organizada por la Sociedad Rural de Neuquén en Junín de los Andes, ante la vicegobernadora de Neuquén Ana Pechén dirigentes ruralistas repudiaron la metodología de protesta del corte de ruta y defendieron la propiedad privada que consideran amenazadas por las reivindicaciones del pueblo mapuche .
• En setiembre del mismo año, los intendentes de dos localidades cordilleranas participaron de un grupo de presión civil contra las recuperaciones territoriales mapuche en Neuquén, tras lo cual Carlos Sapag (empresario, proveedor del estado, usurpador de fracciones del territorio mapuche), hermano del gobernador provincial en ejercicio, asegura que existen grupos mapuche armados financiados desde el exterior y alerta sobre un presunta creación de estado mapuche secesionista .
• A la vez, en Río Negro, en octubre del mismo año la Sociedad Rural de Bariloche y de Maquinchao reclaman al gobernador Miguel Saiz por “la radicalización del accionar de ciertos sectores de grupos indígenas (que) pone en crisis la armonía y la paz social” y advierte que “la tensión constante generadas por estos sectores radicalizados no descarta la amenaza de enfrentamientos y hechos de violencia entre propietarios e indígenas”. Entre otras cosas exigieron a los poderes “el respeto de la legalidad, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad (privada no comunitaria se deduce) y la debida defensa del marco del Estado democrático de Derecho” , el que suponen amenazado por el pueblo mapuche debería interpretarse.
• En noviembre de 2009, la Federación de Sociedades Rurales de RN se reunió con la Comisión Interpoderes de la Legislatura reclamando “seguridad jurídica para la propiedad privada” y que persigan judicial y políticamente “las usurpaciones de campo” . Al finalizar la reunión, el legislador oficialista Rubén Lauriente, él mismo poseedor dudoso de una fracción del territorio, convalidó que los ruralistas “son los verdaderos dueños” los que “no saben qué hacer ante las usurpaciones” , exhibiendo un desconocimiento total y absoluto de la legislación aprobada por el cuerpo institucional que integra.
• En esta escalada de negación y ataque es que debe leerse e interpretarse la apología de la violencia que ejerció con total impunidad en marzo de este año el socio y administrador del empresario británico Charles Barrington Lewis en Argentina. Durante una movilización patronal en Viedma, capital de Río Negro, Nicolás van Ditmar , administrador de Hidden Lake SA, públicamente hizo la apología de la violencia al anunciar que de ser necesario usarán “el Winchester para defender la propiedad privada” , la que al parecer consideran amenazada por la justicia local en el conflicto por el acceso público al lago Escondido que quedó atrapado en el primer campo que compró Lewis en la región. Luego de asegurar que “el camino puede ser la justicia por mano propia” y que “va a correr sangre”, el propio gobernador de la provincia dejó su despacho oficial, se trasladó a la plaza pública donde se mantenía el acampe patronal, y abrazó públicamente a van Ditmar . El pacto de impunidad quedó sellado a la vista de todos y seriamente debilitada la independencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Este es el marco ideológico y político de la negación y represión a la demanda histórica del pueblo mapuche en la región, que se perpetra en los aislados escenarios del campo y ante el silencio absoluto de parte del gobierno central.
La militarización del territorio y ataque armado sistemático durante un mes contra prácticamente toda la población civil de la localidad de Corcovado, Chubut, en marzo de 2008 , y el cercamiento y persecución armada durante tres meses a la comunidad mapuche Paisil-Antreao de Villa La Angostura , Neuquén, entre diciembre de 2009 y marzo de 2010 especialmente, lo vivimos e interpretamos como ensayos de terrorismo de estado bajo un “estado de excepción” , esta forma contemporánea de vacío de poder que pone en suspenso los derechos y garantías de los ciudadanos, cuya forma más dramática y perfeccionada se desplegó en Bariloche en junio del año pasado.
La gravedad de los sucesos impunes de Bariloche, la absoluta indefensión física, jurídica y política en que vivimos vastos sectores de la población civil y la preocupación ante la escalada de violencia desde el estado son los motivos centrales de nuestra presentación en esta oportunidad ante esta Relatoría.


Violencia represiva y prácticas terroristas del estado de RN
contra el pueblo mapuche

El pueblo mapuche tiene en su memoria histórica un aprendizaje y un dolor que nos permite establecer una correlación (política, ideológica, institucional) entre el plan de aniquilamiento sistemático de la guerra de conquista del siglo XIX y los casos testigos del presente, en plena legalidad y legitimidad democrática.
En el contexto contemporáneo de la vida, resistencia y avance del pueblo mapuche, el paradigma político de violencia física y simbólica es el desalojo del territorio. Antes de la legalidad y legitimidad democrática actual, se ejecuta el robo y despojo liso y llano de los campos. Hoy, mediado por la lucha nuestra y la vigencia de un estado de derecho, entre otros elementos, el modelo de ejecución del despojo “legal” es el desalojo y la compra-venta compulsiva.
Por eso, queremos advertir como un instrumento institucional –tal como una orden de desalojo- es, en la práctica, la oportunidad legal de ejercer terror desde el Estado que la materializa.

Casos en Río Negro que queremos plantear, los que a nuestro criterio debieran profundizarse en su análisis:

• Lof Loncón, paraje Tres Cerros, Comallo.

Un juez de Cámara de General Roca ejerce el despojo de una fracción del territorio mapuche ubicado a unos 80 km al este de San Carlos de Bariloche. La justicia ordinaria de Bariloche ordenó en dos oportunidades el desalojo de la fracción en conflicto, en un proceso viciado de nulidades que estamos discutiendo. La formalidad legal de los desalojos no se cumplieron, lo que se agravó con la forma en que la policía provincial ejecutó ambos procedimientos, el primero en diciembre de 2008 y el segundo en 2009, ambos resistidos por el lof.
Más de veinte efectivos de la policía de RN, con armas largas, irrumpieron en la zona rural ante tres jóvenes mapuche, aislados, sin ningún tipo ni posibilidades de comunicación desde ese lugar. Dos mujeres fueron sometidas por la fuerza, humilladas y vejadas en el interior de la ruka de piedra de donde fueron obligadas a salir y “rendirse” con el uso de gases lacrimógenos. A la vez, uno de los muchachos debió correr unos 9 km a campo traviesa protegiéndose de la persecución con disparos de armas policiales. Las mujeres fueron detenidas y encarceladas algunas horas en un procedimiento que bien puede considerarse privación ilegítima de la libertad. Todo sin una autoridad judicial presente ni asistencia legal en el lugar.
El lof sostuvo la ocupación del campo en conflicto a pesar de la constante y sistemática persecución física. Un año después el mismo juez, con la misma policía de RN, volvió a ejecutar el desalojo del mismo lugar, con variantes en las prácticas de violencia.
Al no quebrar la voluntad y decisión del lof Loncón, el camarista usurpador contrató a un cuidador que opera como fuerza de choque constante contra los mapuche, el que cuenta con la total protección legal de la justicia de Bariloche que le dispuso una guardia protectora de la policía de RN. Es decir, al no prosperar los dos desalojos violentos, un funcionario público del poder judicial cuenta con la complicidad y colaboración efectiva de la justicia y de la policía para aterrorizar impunemente con armas de fuego, armas blancas, ataque a un niño de 12 años, a una anciana de 74, matar y dañar animales que son el sustento económico del lof, entre otros hechos.
Este lof no tiene garantías del Estado de Río Negro para la vida en su propio territorio. Todo lo contrario, es el propio Estado el que lo pone en riesgo cotidiano ante el juez usurpador y su puestero violento con guardia policial incluída.
El viernes 8 y sábado 9 de julio últimos un grupo armado irrumpió en el territorio aterrorizando al lof, situación advertida desde el CAI en innumerables ocasiones sin que se active ningún mecanismo institucional de protección. De todos modos, se formalizaron las denuncias penales .

• Comunidad Kospi, de Fiske Menuco.

Esta comunidad ocupa desde hace 80 años una zona de chacras junto a la margen norte del río Negro, a unos diez km del centro de la ciudad de General Roca. Una empresa privada se apropió de una parte costera de la chacra mediante métodos de engaño típicos por décadas en la región. En diciembre de 2009 la justicia ordinaria local hace efectivo el desalojo militarizando toda la zona e imponiendo un cerrojo durante varias horas. Cerca de cien efectivos del grupo especial BORA coparon el lugar para desalojar a cinco personas que ese día estaban en el lugar en conflicto, entre ellos un menor de 5 años y otro de 15. Varios vehículos policiales y efectivos bloquearon los caminos rurales de acceso de modo que impidieron que se acercaran a los desalojos organizaciones y personas solidarias que acudieron al alerta de las víctimas.
Hasta el día de hoy se mantiene la usurpación de la empresa, convalidada y legitimada por la justicia ordinaria que impidió durante meses tener acceso al expediente de la causa indispensable para replantear la defensa en marco de las normas internacionales de protección de PO.

• Cristian Lleiful, del lof Lleiful de la meseta de Somuncura

En mayo de 2010, en el marco de un encuentro social en el paraje rural El Caín , un miembro del lof Lleiful fue privado ilegítimamente de la libertad por 48 horas por la policía de RN con asiento en el lugar. Todas las afirmaciones hechas por la policía durante el ataque con golpes nos permiten asegurar que fue un hecho de persecución ideológica (por su autoidentificación como mapuche) y política (por su pertenencia a nuestra organización).
El hecho fue convalidado y legalizado por funcionarios del Poder Judicial del paraje. Permanece impune hasta el presente por inacción y obstáculo de la justicia ordinaria y de la jefatura de la Policía de RN .




Violencia represiva sistemática y prácticas terroristas del estado de RN
contra la población civil en San Carlos de Bariloche

La madrugada del 17 de junio de 2010, una patrulla policial persigue a un grupo de jóvenes en un barrio popular de la ciudad turística argentina de mayor inserción en el mercado internacional, sin que mediara ninguna denuncia formal. Un policía ejecutó de un solo balazo en la cabeza, de atrás, a Diego Bonefoi de 15 años. Antes de informar a la familia de la víctima, alguna autoridad policial dispuso la instalación de un grupo de la BORA en el barrio, a metros de la vivienda del joven asesinado. Al conocerse el crimen estalla el dolor y la indignación popular, para cuya represión masiva ya estaba apostado el grupo especial. Dos jóvenes mas son asesinados en la calle con balas de plomo, siendo que la policía no está autorizada a usar munición letal en situaciones sociales de esta naturaleza. El clima de crimen y terror inagurado la madrugada del 17 se mantuvo a balazos durante las siguientes 48 horas, con innumerables tiroteos a mansalva, detenciones y persecuciones callejeras y en viviendas populares.


Los sucesos de junio de 2010 en Bariloche hicieron explícito, a nuestro entender, un uso diferenciado de la fuerza material del Estado en Río Negro tendiente a crear nuevas condiciones en la lucha por el control hegemónico en la que se conjugan la legalización de prácticas de terrorismo contra la sociedad civil y el despojo del territorio a escala masiva , entre otros elementos. Más precisamente, el gobierno de Miguel Saiz/Bautista Mendioroz (UCR) del Estado de RN impuso mediante el uso de la fuerza pública las condiciones su hegemonía en esta etapa.

Según la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche conformada por y con los sucesos de junio:

“La violencia abierta de los sucesos de junio continuó en forma larvada hasta estos días, lo que vivimos, constatamos y documentamos en hechos cotidianos que expondremos. Los tres poderes del Estado intervienen –activa y directamente- en este estado de excepción fundado en el miedo, la persecución ideológica, las amenazas, la falta de protección real y de garantías para los sobrevivientes del ataque armado indiscriminado contra la población civil en las barriadas populares, entre otros hechos.

Los fines últimos de este estado de violencia deben mensurarse y analizarse por la naturaleza del victimario (el estado de RN, en este caso) y no por la de las víctimas que el discurso del poder hegemónico identifica y estigmatiza como “pibes chorros”, siendo que nuestros jóvenes son vulnerados en sus derechos elementales a la salud, educación, vivienda, trabajo para sus padres, a la más elemental vida digna” .

Esta Multisectorial analizaba a dos meses de los sucesos:

“(…) Se cometen y ejecutan crímenes de Estado en sentido político y en sentido jurídico estricto; decimos en plural porque son innumerables los hechos criminales de alcance masivo e indiscriminado tanto en sus daños como en sus efectos. (Entre ellos):

- la ejecución sumaria de Diego Bonefoi por parte de un policía de RN;
- la represión masiva a la protesta popular en rechazo al primer crimen;
- el asesinato de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas con balas de plomo de las armas reglamentarias de policías de RN;
- el ataque con armas de diferente tipo y calibre a la población civil de las barriadas de El Alto ;
- el ataque frontal a la vivienda familiar de Diego Bonefoi ejecutado por varios miembros de la BORA que dispararon al interior, resultando herido en un ojo Sandro, padre de la primera víctima fatal;
- el secuestro, tortura, vejaciones, lesiones y robo a un número indeterminado de jóvenes de la ciudad en procedimientos irregulares y masivos de virtual cacería humana;
- la transformación de comisarías e instalaciones de policía en auténticos lugares de detención clandestinos;
- la militarización del territorio: movimiento combinado de cerrojo policial a las barriadas de El Alto impidiendo el libre acceso al área del Centro Cívico de nuestra ciudad y repliegue de los gobiernos (Municipal, Provincial y Nacional) en la ciudad, lo que la convirtió en una total zona liberada no sólo en términos de seguridad pública sino en términos de ausencia de conducción de gobierno que quedó en manos de la policía de Río Negro;
- la falta de protección real de los heridos y testigos por parte de la justicia ordinaria;
- la falta de atención y de protección de los heridos por parte del sistema de salud público local (Hospital Zonal Ramón Carrillo);
- el estado general de persecución ideológica, política y judicial a los jóvenes de las barriadas populares en general, y de los denunciantes e integrantes de esta Multisectorial en particular;
- las amenazas de muerte, de sumarios administrativos y presión laboral a trabajadores estatales provinciales que disienten con medidas gubernamentales en el marco de esta protesta;
- la exacerbación desde el mismo Estado y sus hombres de posiciones sociales “de mano dura” y de “limpieza étnica” ilegales y violatorias de la Constitución Nacional y los tratados internacionales;
- abuso de autoridad;
- discursos y prácticas macartistas para con esta Multisectorial;
- el desalojo de los trabajadores del SPLIF en un operativo de madrugada al mando del propio Ministro de Gobierno Larreguy, con amenazas al personal que estaba de guardia en ese momento, para reubicar la Comisaría Nº 28;
- la participación de la policía rionegrina en actos políticos públicos de apología de los crímenes de El Alto, junto con concejales locales y representantes de gremios afines y Cámara de Comercio de Bariloche.

Con posteridad la política policial de represión y muerte fue ratificada en la práctica con la ejecución sumaria de otro joven en Viedma y el presunto suicidio de otro en un calabozo de El Bolsón , entre otros hechos impunes que alimentan la escalada represiva en toda la juridicción de la provincia .

A un año de los sucesos difundidos por la prensa internacional, solamente un cabo –el ejecutor de Diego- fue condenado por la justicia. Todos los demás hechos continúan impune, la gran mayoría no investigados ni siquiera considerados como merecedores de alguna reparación ante las víctimas. El gobierno provincial no separó de sus cargos a ninguno de los mandos operativos ni jerárquicos responsables institucionales de los sucesos. El gobierno nacional tampoco le pidió al provincial ninguna medida sancionatoria al respecto.

A ese panorama inicial, este año se plegó activamente la justicia ordinaria en la persecución política de los Familiares de las Víctimas de Junio y la Multisectorial:

• un fiscal de primera instancia inició en enero una causa de oficio en protección del edificio sede de los tribunales locales donde la movilización popular que se realiza los día 17 de cada mes aniversario pintó consignas de reclamo de verdad y justicia. La causa se centró contra miembros de los Familiares, los que están imputados en una causa penal. En el marco de esa investigación fue allanado por la policía provincial el domicilio particular de un familiar, cuya violencia moral motivó la reacción de otro y el consecuente inicio de otra causa penal por presunta agresión a la autoridad;
• un fiscal de primera instancia inició en febrero una causa por el incendio intencional a la fachada del edificio de la policía de RN realizado al finalizar una marcha popular de reclamo por verdad y justicia. Los procedimientos de las citaciones a declaración a los testigos fue usado por la policía para pretender hacer allanamientos y detenciones. La investigación del juez penal avanzó ilegal e ilegítimamente en una verdadera investigación sobre la Multisectorial y los Familiares en abierta violación al principio de libertad de expresión y de asociación política. Hay miembros de Familiares imputados en esta causa penal.

Estas causas tienen la evidente intención de debilitar la organización del pueblo, persiguiéndola con figuras penales de delitos comunes y no políticos, en perfecta sintonía con las prácticas conocidas como criminalización de la protesta social en toda Argentina.

A la vez que la justicia ordinaria apareció como activo miembro de la persecución política e ideológica contra el movimiento popular de Junio, la administración del poder judicial monta un dispositivo policial masivo que impide en cada día 17 el derecho colectivo a manifestarse frente a la sede responsable de no consolidar la impunidad de los crímenes de la policía y el gobierno.

Los alcances de la posición ideológica y política del poder judicial de la III Circunscripción con asiento en Bariloche, podemos analizarla también en otros hechos puntuales, siempre en relación directa a los sucesos de Junio 2010:

• Hábeas corpus colectivo.
“El martes 22 de julio, el primer día hábil siguiente a los crímenes de El Alto, la Multisectorial presentó un hábeas corpus preventivo y colectivo. Después de itinerar el expediente en la disquisición si correspondía un mandamus o un hábeas corpus, el 6 de julio recién la Cámara Primera en lo Criminal resuelve dar lugar parcialmente a nuestra demanda, con consecuencias adversas para el pueblo atacado como pudo verse horas después de ese fallo y hasta el presente. Para fundar su decisión la Cámara le pide informes justamente a todos los que entendemos son la fuente de la necesidad de protección: el jefe (por entonces) de la Regional III de la Policía Comisario Mayor Argentino Hermosa, el secretario de Seguridad Comisario Víctor Cufré y a la dirección del hospital público local.
El camarista Alejandro Ramos Mejía sostuvo que “quedan fuera de la discusión las hipótesis de agravamiento de la detención legal como la de la desaparición forzada de personas”, sin argumentar tal afirmación en un país que sufre la desaparición de Julio López y Luciano Arruga desde hace años y siendo que la justicia ordinaria no investigó todavía la circunstancias de la privación ilegítima de la libertad de algunas de las víctimas de junio.
Como “se requiere la garantía de seguridad personal e individual e integridad física de las personas denunciantes de apremios ilegales o excesos en el accionar policial en la fecha, extendiéndose la garantía a sus grupos familiares (…) tenemos identificados a las presuntas víctimas de las amenazas o restricción de a sus libertades”, indicando las personas identificadas por la guardia del hospital local, los detenidos legalizados por la comisaría 2 y denunciados Gladys Cofré, subsecretaria de DD.HH. de la provincia.
Así quedaron fuera de la protección las nuevas víctimas, tales como Marcos Huechullán y su familia, víctima de un allanamiento ilegal y de una detención forzada dos días después del fallo de Cámara; el ataque por parte de la BORA a tres jóvenes la madrugada del 17 de julio (entre ellos, un cuñado de una de las víctimas fatales) y a otro en medio de los festejos de la Fiesta de la Nieve.
Mas adelante el camarista dice “las denuncias radicadas en fin de semana encontrarían siempre un fiscal de turno inclusive en feriado nacional”. Eso no ocurrió la madrugada del 17 de julio cuando miembros de esta Multisectorial fracasaron ese sábado en el intento por denunciar la golpiza a tres jóvenes por parte de la policía.
Respecto a la protección especial requerida para el vecindario de El Alto, víctima indiscriminada de la balacera durante varios días, la Cámara se mostró satisfecha con la respuesta de la policía que había realizado esa balacera: “al igual que los más de 60 barrios que integran la jurisdicción de esta unidad policial, al Barrio Boris Furman se le brindarla cobertura policial correspondiente, realizada por personal policial de las distintas guardias” . Es decir, la justicia manda a los victimarios a cuidar a las víctimas.
Al panorama que la Multisectorial trazó para agosto del año pasado, podemos agregarle que a esta Cámara le faltó la protección especial para otra víctima: Fabián Gallardo, sobreviviente de la persecución que terminó con la vida de su mejor amigo Diego Bonefoi.

• Hábeas corpus por Fabián Gallardo
La policía de RN detuvo y golpeó ilegalmente a este menor las últimas semanas , lo que fue denunciado públicamente por la madre de la víctima y la Multisectorial. A nuestro juicio, no fue azaroso ni circunstancial el ataque a este joven sino represalia por la denuncia pública hecha semanas antes a las de condiciones de detención de privilegio de que goza el policía condenado por el crimen de Diego . Además, pesa sobre él su condición de víctima de la persecución policial que la madrugada del 17 de junio dio origen a los sucesos que nos ocupan.
Trece meses después, y sólo ante el debate por la prensa, la defensoría de menores de Bariloche requirió un hábeas corpus en protección de su vida, su libertad y su condición de menor de edad , un virtual “condenado sin juicio previo” por parte de la policía.

• Fallo condenatorio de Colombil
En la sentencia condenatoria de Colombil, el cabo que asesinó a Diego Bonefoi, la Cámara del Crimen dejó planteada una argumentación que revela el pensamiento y la ideología de estos jueces. A la vez, pueden estar anticipando un escenario futuro del debate jurídico con indudables alcances políticos. “Las lamentables consecuencias posteriores a este hecho (el crimen de Diego) devenidas en una situación de enfrentamiento en el Centro Cívico de esta ciudad (…) a mi entender no sólo acaecieron por la posible indignación de los sectores populares, sino quizás también por la influencia de algunos sectores que hicieron apología de la violencia” .
Demás está decir que no se refiere ni a la policía ni al gobierno de Saiz.



En este contexto institucional provincial y nacional es muy adversa la demanda de verdad y justicia que sostienen los Familiares y la Multisectorial, especialmente en relación a la investigación penal sobre los homicidios de los otros dos jóvenes asesinados ese 17 de junio.
En el documento de estas organizaciones de base al cumplirse un año de los sucesos se sostuvo: “De los cuerpos sin vida de los chicos se extrajeron perdigones de plomo calibre 12/70, del tipo de los que en la jerga interna la policía llama PG (de propósitos generales). Legalmente, en dispositivos de represión a la sociedad civil la policía de RN debe usar municiones con posta de plástico denominados AT. Es decir, la policía de RN en Bariloche el 17 de junio cargó las municiones de plomo PG para matar. Cuatro (4) disparos de plomo de calibre 12 milímetros por la espalda de Nino; uno (1) solo fatal en el pecho de Sergio. Estas balas, estos disparos tiene una sola e inconfundible identidad: la policía de RN”.
Al momento de cerrar este informe la causa penal por estos homicidios continúa acéfala, sin juez que entienda en la instrucción por la decisión de la Cámara en lo Criminal de Bariloche a favor de los argumentos de la defensa de la cúpula de la policía de RN que apartó al juez natural del caso , tal como lo hizo un año antes –en maniobra idéntica- de la investigación por el homicidio de Diego.



Violencia represiva del estado de RN contra sectores de los pueblos
y su articulación con el despojo estratégico del territorio

El espacio de los negocios estratégicos sustento del capitalismo en esta etapa histórica, del que los gobiernos de los estado de Río Negro y de Argentina participan de distinto modo, es nuestro wallmapu, territorio ancestral mapuche que se extiende de mar a mar, con sus bienes de la naturaleza. El objeto privilegiado de acumulación de riqueza y de poder es el wallmapu, ocupado o no por gente de nuestro pueblo, razón primera y última de nuestra existencia y posibilidad histórica de volver a vivir libres y plenos como mapuche.

La actual crisis financiera-económica global desató una avanzada de capitales de especulación y/o inversión en tierras para agronegocios en los países del Sur, lo que algunos autores han llamado neocolonialismo agrario.
Este alerta internacional es saludable ya que da cuenta de la dimensión de la apropiación del territorio y sus recursos a escala planetaria, aunque en principio es insuficiente para explicar el proceso particular que vivimos en la región sur de la Argentina, específicamente en la provincia de Río Negro desde la década del ’80. Aún con la escasa información disponible, es necesario trazar un panorama regional que ensamble esta disparada de agronegocios y crisis del precio de los hidrocarburos con las líneas subterráneas del dispositivo del despojo estructural que se ejecuta a nuestros pies.

Las llamadas “tierras fiscales” en la mira.
En 1994, al calor del dinero abundante del Banco Mundial y el plan económico de la administración nacional de Carlos Menem, fracasó en RN el intento de titulación masiva de tierras fiscales a través de una reforma de la ley de Tierras para la hipoteca y virtual expulsión de los ocupantes mapuche y criollos pobres. Diez años después fracasó el proyecto de alquiler masivo a la firma italiana Eco-xilon de tierras fiscales para forestar e ingresar al mercado internacional de bonos de carbono , siempre con la movilización de base impulsada como mapuche.
Con esas experiencias a cuestas, la estrategia del poder regional para con las tierras fiscales en los últimos años es una trama sobre la que contamos con un puñado de documentos públicos y, sobre todo, la experiencia y resistencia de nuestra gente en el campo.
En 2005 por decreto la provincia creó el Fondo Fiduciario de Reactivación Agropecuaria Rionegrino para, entre otros fines:
- implementar el programa de desarrollo de tierras fiscales;
- gestionar el recurso suelo en dominio del estado de RN;
- propender a la generación de bienes destinados a insertarse en los mercados comerciales;
- solventar los costos de mensura de inmuebles fiscales (…) y las erogaciones que resulten de programas de privatización de estas tierras. Se privilegiarán a los ocupantes de menores recursos económicos.

Estos objetivos reciclan y reinscriben en el nuevo contexto los planteados en la ley de creación del Fondo de Tierras Fiscales de 1984 que destacaba la privatización de la tierra pública.
La noción de desarrollo de las tierras fiscales –unas 4 millones de has. solamente en RN según las estimaciones oficiales conocidas- es, en el proyecto estratégico que ejecuta el poder en la región, la incorporación masiva del territorio al mercado de capitales para lo que son un obstáculo político e ideológico el poblador mapuche, las comunidades y el paisano criollo que no quiere ni vender ni destruir la tierra.
La noción “tierra fiscal” es, sobre todo, la negación jurídica y política del territorio ancestral mapuche, esté o no habitado actualmente por nuestro pueblo.

En este contexto, distintas instituciones e instancias de la administración pública (Bosques, Servicio Nacional de Sanidad Animal y Vegetal, Ganadería, empresas de energía eléctrica) nos impiden el ejercicio cotidiano de actividades tradicionales indispensable para el autosustento y autonomía como pueblo mapuche:
- la recolección de leña y madera de nuestros propios campos ocupados;
- el arreo de nuestro ganado por el interior del territorio y su comercialización en pequeñas escalas;
- el uso libre y abierto del espacio territorial para el arreo de ganado durante la trashumancia (traslado entre áreas de pasturas de invierno y verano).
Estos son ejemplos básicos de casos en que el Estado nos extorsiona política y económicamente ya que nos autorizarían esas actividades si resignamos nuestra autoidentificación como mapuche y nos sometemos a la identidad impuesta de “pequeño productor”, “campesino” o “fiscalero” que sí reconoce el estado.

El cerrojo del poder judicial, de los negocios de gobierno, de los inversores privados, de cientos de burócratas y funcionarios públicos obstaculizando la vida diaria, más el terrorismo con la policía, nos pone al conjunto del pueblo mapuche en puelmapu en un escenario político e institucional de difícil resolución. El poder aumenta su nivel de violencia y negación y nosotros no estamos dispuestos a retroceder ni negociar el reconocimiento jurídico internacional alcanzado, aún cuando los efectos son devastadores, masivos y sistemáticos.

El anuncio del acuerdo con una empresa estatal de China por 320.000 has. bajo riego en la zona costera del río Negro, la licitación internacional por nuevas cuencas hidrocarburíficas, la autorización de nuevos y numerosos cateos de minerales estratégicos como el uranio, la presión inmobiliaria sobre la Meseta de Somucura, la creación de áreas naturales protegidas en perjuicio de comunidades mapuche, la presión sobre nacientes de cuencas hídricas, son algunos de los casos en que se plasma la relación directa entre negocios de estado y violación sistemáticas de las obligaciones de los estados que surgen del Convenio 169 de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas .

Con prácticas de Estado como las descriptas, las consecuencias de la erupción del volcán Puyehue el 4 de junio pasado será factor de debilidad para el pueblo mapuche que sostiene la vida en el campo, lo que probablemente será usado para una nueva embestida tendiente al despoblamiento forzado por el hambre, la pobreza y la especulación.



Como organización de base del pueblo mapuche que vive y desarrolla su práctica desde y en el puelmapu agradecemos la predisposición de la Relatoría a su cargo a escuchar nuestra visión del momento histórico y político al que nos enfrentamos.


Fraternalmente,