A principios del 2008 ocurre en Sucre, la ciudad donde se dio el “primer grito libertario” de las colonias españolas, un incidente que muestra descarnadamente el odio visceral contra el indio, mientras en las fachadas de los edificios más antiguos, cuelga imponente un letrero que anuncia la celebración del bicentenario del primer grito libertario de América.
El 25 de Mayo de 1809 se recuerda como la fecha en que, en la ciudad de Sucre, se dio el primer grito libertario de las colonias españolas de lo que ahora se llama América, con la destitución del Presidente de la Audiencia de Charcas, partidario de someter la lealtad de las colonias a la Junta de Sevilla que había tomado la representación del Rey de España ante la invasión francesa; y la proclamación de la Audiencia como la única autoridad de Charcas asumiendo los poderes del rey prisionero Fernando VII hasta que este sea liberado o se designe un heredero directo y legal, y aunque la motivación de los oidores de la audiencia era preservar un poder real monárquico sin la posibilidad de emergencia de un poder a partir de la revuelta popular, en la practica significaba una independencia de España hasta que se restituya la monarquía legítima usurpada por una potencia extranjera (Arnade, 1979). Este posicionamiento fue aprovechado por los doctores radicales formados en la Universidad de San Francisco Xavier, criollos de clases altas que no podían acceder a los puestos de dirección más altos de los territorios de la colonia, reservados exclusivamente para peninsulares, y que consideraban que ya era tiempo de que se les reconociese ese derecho, y aprovechando la coyuntura política, manejaron estratégicamente su apoyo a la Audiencia por considerar esta posición más útil para sus fines separatistas, lo cual no podían mostrar abiertamente en un principio para no exponerse a una represión de la cual aún no sabían si podían enfrentar adecuadamente.
Esto se hizo evidente en la revuelta de La Paz, realizada el 16 de Julio de 1809, donde los doctores radicales derrocan al intendente y proclaman una Junta Tuitiva compuesta por criollos, en una clara afrenta al orden monárquico español, mostrando abiertamente un proyecto de separación y no de defensa de los derechos de la Corona, con lo cual fueron drásticamente reprimidos por el ejercito español que viene desde Cuzco, desbaratando incluso los planes de los radicales de Sucre que son desenmascarados con este movimiento anticipado (Arnade, 1979).
Durante todo este proceso cuyo hito se pretende recordar en su 200 aniversario en Bolivia el 2009 y argentina el 2010, las reivindicaciones de los indígenas que fueron visualizadas de forma clara en los levantamientos indígenas de 1780-1783, no fueron articulados por las castas criollas, pese a que se manipulo y se utilizo estos anhelos para parcializar a los indios en apoyo a la causa criolla.
La participación de los indígenas en estas movilizaciones, y en el transcurso de la guerra de la Independencia, se reduce a la conformación de destacamentos de apoyo logístico para uno u otro bando, en muy pocas oportunidades como destacamentos militares, pero sobretodo manteniéndose como productores en sus tierras comunales o en las haciendas para abastecer a los ejércitos conformados de españoles, criollos y mestizos (Valencia, 1960). La reivindicación de los derechos indígenas no fue objeto de la confrontación separatista de la guerra de la Independencia entre criollos y españoles, y aunque no estuvo este problema ausente del todo en el desarrollo de la misma, cuando esta tuvo oportunidad de emerger, como en la revuelta de Oruro donde el derrocamiento de las autoridades españolas se hizo evocando los derechos de los indios, fue manipulada de tal forma que finalmente se mantuvo marginada de la concepción de independencia, ya que el orden colonial no estaba en entredicho para los criollos, poniendo en cuestión los privilegios de los chapetones y la necesidad de la movilidad que buscaban los criollos para arrebatar los privilegios reservados solo para los españoles que surgen del derecho de conquista que se atribuían estos señores y que les daba el poder de articular un orden usurpando las tierras y los recursos de los pueblos indígenas.
Solo treinta años antes, entre 1780-1783, los criollos, mestizos y españoles pelearon juntos contra los levantamientos indígenas del Perú, los cuales fueron terriblemente sofocados, con ejecuciones y escarmientos crueles, y muchos de los lideres criollos y mestizos de la guerra de la Independencia fueron los comandantes de la represión salvaje a los indios, y los terratenientes que ampliaron y prolongaron esta represión por muchos años dentro de sus tierras (Valencia, 1960). La incorporación de los indígenas en los ejércitos implicaba entonces un riesgo muy grande, pues al posibilitar su organización y capacidad militar, esta podría ser utilizada para su emancipación, lo cual en la práctica significaba la pérdida de las tierras y la mano de obra servicial indígena, inimaginable para los criollos y mestizos.
La creación de la nueva República, fruto de la victoria de los ejércitos separatistas criollos sobre los ejércitos españoles, fue hecha en base a la participación de los grandes propietarios de tierra, pues así lo estipulaba la convocatoria elaborada por Sucre (pero con las sugerencias de Olañeta) para elegir a los representantes para redactar y formar el acta de independencia: propietarios que pagaran por lo menos 300 pesos de renta anual, con lo cual quedaban excluidos todos aquellos que eran indios y populacho en general. Se funda así un país de patrones latifundistas, que eran dueños del mismo por derecho de su sacrificio en la conquista.
Este país, que ahora quiere festejar un aniversario de 200 años de la primera acción que desembocó en su posterior fundación, se ha encargado de perpetuar a como de lugar ese orden colonial que los criollos y mestizos nunca cuestionaron, pero que los pueblos indígenas nunca aceptaron como un orden válido porque se basa en la continuidad de los supuestos de superioridad occidental e inferioridad del indio, y la usurpación de sus territorios, instituciones, recursos, construyendo sus estructuras institucionales a partir de sus necesidades de control y dominación de las castas dominantes.
La historia escrita desde la perspectiva de los ganadores obliga a los vencidos, cuya derrota implica continuar en su lugar colonial de inferioridad en el seno del Estado, a reconocer como héroes a aquellos personajes que han masacrado a sus antepasados, a reconocer y aceptar, si quieren acceder a los derechos de ciudadanía, como propia aquella cultura impuesta a nombre de construcción del ser nacional, renegando de su propia identidad cultural como espacio legítimo de articulación a un pacto social de Estado. La historia escrita desde los ganadores, por ejemplo, comprende como un grave error el que los curas hayan tratado de evangelizar en el idioma de los indios en vez de castellanizarlos, porque esto se ha convertido luego en un grave escollo para la “modernización” del Estado (Finot, 1972).
El primer grito “libertario” de 1809 nunca tuvo la intención de reconstituir un Estado en base a la imposición de otras relaciones de poder que permitan articular a todos los habitantes de su territorio en un nuevo esquema de derechos ciudadanos igualitarios, ya que no estaba en duda el orden colonial establecido de naturalización de la supuesta superioridad europea y la supuesta inferioridad indígena, sino que estaba alentada por los deseos de los criollos de “noble familia” a disputar su derecho a los privilegios reservados solo para españoles peninsulares por sobre ese orden colonial.
El orden colonial, basado en la invención de la superioridad de la raza y conocimiento europeo por sobre la raza y cultura indígena, permitió establecer un mecanismo de expropiación de recursos y territorio y dominación sobre los habitantes de América; se basó en la estructuración de una jerarquía social de castas donde, en el Perú, los españoles y sus descendientes puros, los criollos, estaban ubicados en las castas superiores, con derecho a ser autoridades; y los mestizos en un nivel inferior, sin derecho a asumir cargos de autoridad; y en el fondo la casta de los indios, de los indígenas, naturalizados como inferiores, sin ningún tipo de derecho y con innumerables obligaciones para con los conquistadores.
Esta lógica colonial ha guiado desde un principio la estructuración del entramado institucional del estado colonial y republicano, cuyo objeto siempre fue la efectividad de la dominación, el asegurar la dominación sobre el indio, y cuidar de que este no salga de su condición de inferioridad. El Estado-nación así conformado en Bolivia, no ha cambiado esta lógica, todo el andamiaje institucional, jurídico y de relaciones sociales sigue respondiendo en esencia a esa lógica, a la defensa y perpetuación de esa lógica colonial. Por eso, las permanentes sublevaciones, los reclamos y las movilizaciones indígenas, y de sus herederos simbólicos los campesinos, ha sido siempre un reclamo orientado a revertir ese orden colonial, y desde esta lucha surge la estrategia política de los movimientos indígena-originario-campesinos de la descolonización del Estado.
Este planteamiento indígena no es de reciente construcción, sino que vine desde el principio mismo de la colonia, donde los indígenas buscaron restituir sus derechos por todas las vías legales posibles, incluso con levantamientos armados, como los de Tupac Katari y Tupac Amaru en el Alto y Bajo Perú, que fueron ahogados en sangre o cooptados por las castas mestizo-criollas dominantes para no cambiar el orden colonial, como el caso de la revolución boliviana del 52.
La emergencia de los movimientos sociales en la última década en Bolivia, aglutinados fuertemente en torno a la identidad étnica, recuperan claramente el principio de la lucha por la descolonización, que es una lucha por la profundización radical de la democracia en el Estado y la sociedad boliviana, que implica una verdadera emancipación de la población sujetada, bajo los parámetros coloniales de casta inferior, en una condición de inferioridad inherente, sin derecho a dirigir ni recibir del Estado la atención para proyectar su desarrollo, su progreso, su avance como sociedad hacia un futuro mejor.
La idea de realizar la Asamblea Constituyente para refundar el país, con la participación de aquellos que no participaron en la primera fundación de Bolivia, es de hecho una negación de cualquier motivo de celebración a partir de los hechos de 1809 en Sucre, sino de reflexión para comprender desde otra perspectiva la historia dramática de formación de nuestros países, poder comprender claramente el problema d e la colonialidad y ubicarlo en el centro de nuestros proyectos políticos para avanzar al futuro como sociedades más justas, mas libres, más unidas.
Bibliografía
Arnade, Charles. 1979. “La dramática insurgencia de Bolivia”. (3ra Ed.) Librería Juventud. La Paz.
Valencia Vega, Alipio. 1960. El Indio en la Independencia.
Valencia Vega, Alipio. 19… Tupac Katari
Finot, Enrique. 1972. Nueva Historia de Bolivia (Ensayo de interpretación sociológica). Gisbert y Cía. S.A. La Paz
El 25 de Mayo de 1809 se recuerda como la fecha en que, en la ciudad de Sucre, se dio el primer grito libertario de las colonias españolas de lo que ahora se llama América, con la destitución del Presidente de la Audiencia de Charcas, partidario de someter la lealtad de las colonias a la Junta de Sevilla que había tomado la representación del Rey de España ante la invasión francesa; y la proclamación de la Audiencia como la única autoridad de Charcas asumiendo los poderes del rey prisionero Fernando VII hasta que este sea liberado o se designe un heredero directo y legal, y aunque la motivación de los oidores de la audiencia era preservar un poder real monárquico sin la posibilidad de emergencia de un poder a partir de la revuelta popular, en la practica significaba una independencia de España hasta que se restituya la monarquía legítima usurpada por una potencia extranjera (Arnade, 1979). Este posicionamiento fue aprovechado por los doctores radicales formados en la Universidad de San Francisco Xavier, criollos de clases altas que no podían acceder a los puestos de dirección más altos de los territorios de la colonia, reservados exclusivamente para peninsulares, y que consideraban que ya era tiempo de que se les reconociese ese derecho, y aprovechando la coyuntura política, manejaron estratégicamente su apoyo a la Audiencia por considerar esta posición más útil para sus fines separatistas, lo cual no podían mostrar abiertamente en un principio para no exponerse a una represión de la cual aún no sabían si podían enfrentar adecuadamente.
Esto se hizo evidente en la revuelta de La Paz, realizada el 16 de Julio de 1809, donde los doctores radicales derrocan al intendente y proclaman una Junta Tuitiva compuesta por criollos, en una clara afrenta al orden monárquico español, mostrando abiertamente un proyecto de separación y no de defensa de los derechos de la Corona, con lo cual fueron drásticamente reprimidos por el ejercito español que viene desde Cuzco, desbaratando incluso los planes de los radicales de Sucre que son desenmascarados con este movimiento anticipado (Arnade, 1979).
Durante todo este proceso cuyo hito se pretende recordar en su 200 aniversario en Bolivia el 2009 y argentina el 2010, las reivindicaciones de los indígenas que fueron visualizadas de forma clara en los levantamientos indígenas de 1780-1783, no fueron articulados por las castas criollas, pese a que se manipulo y se utilizo estos anhelos para parcializar a los indios en apoyo a la causa criolla.
La participación de los indígenas en estas movilizaciones, y en el transcurso de la guerra de la Independencia, se reduce a la conformación de destacamentos de apoyo logístico para uno u otro bando, en muy pocas oportunidades como destacamentos militares, pero sobretodo manteniéndose como productores en sus tierras comunales o en las haciendas para abastecer a los ejércitos conformados de españoles, criollos y mestizos (Valencia, 1960). La reivindicación de los derechos indígenas no fue objeto de la confrontación separatista de la guerra de la Independencia entre criollos y españoles, y aunque no estuvo este problema ausente del todo en el desarrollo de la misma, cuando esta tuvo oportunidad de emerger, como en la revuelta de Oruro donde el derrocamiento de las autoridades españolas se hizo evocando los derechos de los indios, fue manipulada de tal forma que finalmente se mantuvo marginada de la concepción de independencia, ya que el orden colonial no estaba en entredicho para los criollos, poniendo en cuestión los privilegios de los chapetones y la necesidad de la movilidad que buscaban los criollos para arrebatar los privilegios reservados solo para los españoles que surgen del derecho de conquista que se atribuían estos señores y que les daba el poder de articular un orden usurpando las tierras y los recursos de los pueblos indígenas.
Solo treinta años antes, entre 1780-1783, los criollos, mestizos y españoles pelearon juntos contra los levantamientos indígenas del Perú, los cuales fueron terriblemente sofocados, con ejecuciones y escarmientos crueles, y muchos de los lideres criollos y mestizos de la guerra de la Independencia fueron los comandantes de la represión salvaje a los indios, y los terratenientes que ampliaron y prolongaron esta represión por muchos años dentro de sus tierras (Valencia, 1960). La incorporación de los indígenas en los ejércitos implicaba entonces un riesgo muy grande, pues al posibilitar su organización y capacidad militar, esta podría ser utilizada para su emancipación, lo cual en la práctica significaba la pérdida de las tierras y la mano de obra servicial indígena, inimaginable para los criollos y mestizos.
La creación de la nueva República, fruto de la victoria de los ejércitos separatistas criollos sobre los ejércitos españoles, fue hecha en base a la participación de los grandes propietarios de tierra, pues así lo estipulaba la convocatoria elaborada por Sucre (pero con las sugerencias de Olañeta) para elegir a los representantes para redactar y formar el acta de independencia: propietarios que pagaran por lo menos 300 pesos de renta anual, con lo cual quedaban excluidos todos aquellos que eran indios y populacho en general. Se funda así un país de patrones latifundistas, que eran dueños del mismo por derecho de su sacrificio en la conquista.
Este país, que ahora quiere festejar un aniversario de 200 años de la primera acción que desembocó en su posterior fundación, se ha encargado de perpetuar a como de lugar ese orden colonial que los criollos y mestizos nunca cuestionaron, pero que los pueblos indígenas nunca aceptaron como un orden válido porque se basa en la continuidad de los supuestos de superioridad occidental e inferioridad del indio, y la usurpación de sus territorios, instituciones, recursos, construyendo sus estructuras institucionales a partir de sus necesidades de control y dominación de las castas dominantes.
La historia escrita desde la perspectiva de los ganadores obliga a los vencidos, cuya derrota implica continuar en su lugar colonial de inferioridad en el seno del Estado, a reconocer como héroes a aquellos personajes que han masacrado a sus antepasados, a reconocer y aceptar, si quieren acceder a los derechos de ciudadanía, como propia aquella cultura impuesta a nombre de construcción del ser nacional, renegando de su propia identidad cultural como espacio legítimo de articulación a un pacto social de Estado. La historia escrita desde los ganadores, por ejemplo, comprende como un grave error el que los curas hayan tratado de evangelizar en el idioma de los indios en vez de castellanizarlos, porque esto se ha convertido luego en un grave escollo para la “modernización” del Estado (Finot, 1972).
El primer grito “libertario” de 1809 nunca tuvo la intención de reconstituir un Estado en base a la imposición de otras relaciones de poder que permitan articular a todos los habitantes de su territorio en un nuevo esquema de derechos ciudadanos igualitarios, ya que no estaba en duda el orden colonial establecido de naturalización de la supuesta superioridad europea y la supuesta inferioridad indígena, sino que estaba alentada por los deseos de los criollos de “noble familia” a disputar su derecho a los privilegios reservados solo para españoles peninsulares por sobre ese orden colonial.
El orden colonial, basado en la invención de la superioridad de la raza y conocimiento europeo por sobre la raza y cultura indígena, permitió establecer un mecanismo de expropiación de recursos y territorio y dominación sobre los habitantes de América; se basó en la estructuración de una jerarquía social de castas donde, en el Perú, los españoles y sus descendientes puros, los criollos, estaban ubicados en las castas superiores, con derecho a ser autoridades; y los mestizos en un nivel inferior, sin derecho a asumir cargos de autoridad; y en el fondo la casta de los indios, de los indígenas, naturalizados como inferiores, sin ningún tipo de derecho y con innumerables obligaciones para con los conquistadores.
Esta lógica colonial ha guiado desde un principio la estructuración del entramado institucional del estado colonial y republicano, cuyo objeto siempre fue la efectividad de la dominación, el asegurar la dominación sobre el indio, y cuidar de que este no salga de su condición de inferioridad. El Estado-nación así conformado en Bolivia, no ha cambiado esta lógica, todo el andamiaje institucional, jurídico y de relaciones sociales sigue respondiendo en esencia a esa lógica, a la defensa y perpetuación de esa lógica colonial. Por eso, las permanentes sublevaciones, los reclamos y las movilizaciones indígenas, y de sus herederos simbólicos los campesinos, ha sido siempre un reclamo orientado a revertir ese orden colonial, y desde esta lucha surge la estrategia política de los movimientos indígena-originario-campesinos de la descolonización del Estado.
Este planteamiento indígena no es de reciente construcción, sino que vine desde el principio mismo de la colonia, donde los indígenas buscaron restituir sus derechos por todas las vías legales posibles, incluso con levantamientos armados, como los de Tupac Katari y Tupac Amaru en el Alto y Bajo Perú, que fueron ahogados en sangre o cooptados por las castas mestizo-criollas dominantes para no cambiar el orden colonial, como el caso de la revolución boliviana del 52.
La emergencia de los movimientos sociales en la última década en Bolivia, aglutinados fuertemente en torno a la identidad étnica, recuperan claramente el principio de la lucha por la descolonización, que es una lucha por la profundización radical de la democracia en el Estado y la sociedad boliviana, que implica una verdadera emancipación de la población sujetada, bajo los parámetros coloniales de casta inferior, en una condición de inferioridad inherente, sin derecho a dirigir ni recibir del Estado la atención para proyectar su desarrollo, su progreso, su avance como sociedad hacia un futuro mejor.
La idea de realizar la Asamblea Constituyente para refundar el país, con la participación de aquellos que no participaron en la primera fundación de Bolivia, es de hecho una negación de cualquier motivo de celebración a partir de los hechos de 1809 en Sucre, sino de reflexión para comprender desde otra perspectiva la historia dramática de formación de nuestros países, poder comprender claramente el problema d e la colonialidad y ubicarlo en el centro de nuestros proyectos políticos para avanzar al futuro como sociedades más justas, mas libres, más unidas.
Bibliografía
Arnade, Charles. 1979. “La dramática insurgencia de Bolivia”. (3ra Ed.) Librería Juventud. La Paz.
Valencia Vega, Alipio. 1960. El Indio en la Independencia.
Valencia Vega, Alipio. 19… Tupac Katari
Finot, Enrique. 1972. Nueva Historia de Bolivia (Ensayo de interpretación sociológica). Gisbert y Cía. S.A. La Paz
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